Uruguay fue el primer país de América Latina en incorporar por iniciativa popular el derecho humano al agua en su constitución, paradójicamente también fue el primero en dejar sin agua potable a su ciudad capital, Montevideo, y el área metropolitana. El objetivo principal es comprender como el conflicto socioambiental desencadenado por la crisis hídrica de 2023 impactó en las relaciones entre instituciones públicas, actores privados y organizaciones sociales, reconfigurando los espacios de decisión y las dinámicas de poder en la gobernanza del agua. El abordaje teórico-metodológico va en línea con el estudio de caso que emergen de conflictos. Las técnicas de investigación aplicadas incluyen la revisión documental de normativa, actas, documentos técnicos, artículos de prensa; así como entrevistas semiestructuradas a actores clave del sector gubernamental, productivo, académico y de organizaciones de la sociedad civil. Los resultados preliminares dan cuenta de un intento de privatización del servicio de abastecimiento de agua potable que fisuró el contrato social, en el incumplimiento por la vía de los hechos de la garantía al derecho humano al agua garantizado por mandato constitucional, poniendo en entredicho las dimensiones participativas de la gobernanza del agua establecidas por ley.