La Inteligencia Artificial (en adelante, IA) atraviesa un proceso de formalización normativa acelerado, con una incidencia crítica en el funcionamiento de las instituciones estatales. No obstante, la novedad del campo ha impedido un consenso multijurisdiccional sobre la metodología regulatoria, generando una marcada heterogeneidad normativa en el ámbito del sector público. A pesar de que la literatura previa ha intentado compilar bases de datos para el análisis comparado, estos esfuerzos carecen frecuentemente de un marco  jurídico riguroso, amalgamando instrumentos que no poseen equivalencia jurídica ni vinculatoriedad administrativa.

Específicamente, los estudios existentes suelen omitir la distinción entre normas sustantivas y meros instrumentos de soft law o política pública. Esta investigación subsana dicha brecha mediante la construcción de una base de datos global centrada exclusivamente en normas sustantivas aplicables a la Administración Pública.

Al descartar instrumentos de naturaleza programática que no generan efectos jurídicos directos ni afectan la esfera de validez de los actos administrativos, proporcionamos un mapeo preciso del panorama legal de la IA en el sector público. Asimismo, este estudio emplea metodologías de inferencia causal para demostrar si el lanzamiento de ChatGPT aceleró la producción de normativa sustantiva orientada a regular el uso de modelos generativos en la gestión pública.