La gobernanza hace referencia a la colaboración entre el Estado y la sociedad civil para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Sobre esta base, en el trabajo se presentan las dinámicas del proceso político consistentes en la propensión de los gobiernos a acudir a sus sistemas de control político-jurídico que elevan el coste de la acción colectiva y disuaden a individuos y grupos del movimiento climático de participar, de 2019 a 2025. Sobre la base de las denominadas «Leyes Mordaza», la «represión blanda» deslegitima a quienes protestan, facilitando su criminalización, multas y detenciones. Como resultado, dicho activismo es el que más vulneraciones presenta ante la participación ciudadana en 2022-2023, mediante la presión policial y los efectos desaliento. Como conclusión puede afirmarse que, en lugar de una respuesta «política», abriendo un debate en la sociedad acerca de sus reivindicaciones, se ha apostado por la exclusión, la estrategia represiva y de enfrentamiento, siendo la estructura de oportunidad política adversa en general para el movimiento climático, con el rechazo del acceso de sus demandas a las instancias toma de toma de decisiones públicas, sin que el Estado de Derecho ofrezca alternativas al reconocimiento de las mismas. Todo lo contrario al concepto de gobernanza.