La centralidad de los partidos políticos en el funcionamiento de las democracias actuales no sólo está fundamentada en la solución que ofrecen a los problemas de acción colectiva, sino, cada vez más, en proporcionar un equilibrio entre intereses/bienes susceptibles de tutela jurídica (igualdad, libertad de expresión, derecho a la participación política, libertad de autoorganización de los partidos políticos). La revisión de las decisiones organizativas de los partidos por los juzgados y tribunales representa un progresivo incremento del control público en su funcionamiento. La revisión judicial de los conflictos que se producen entre derechos individuales y la capacidad de autoorganización de los partidos políticos no resulta predecible. La investigación explora la conveniencia de incluir diversos factores relativos al tipo de conflicto, los derechos invocados o las características de las partes en conflicto para analizar la ponderación de los derechos e intereses en conflicto que se realizan por los tribunales. En última instancia, este escenario genera un dilema para las organizaciones partidistas relativo a qué tipo de organización consigue un equilibrio entre los derechos individuales y los intereses colectivos de la organización que tiene una primera manifestación en el régimen disciplinario recogido en sus estatutos.