La ponencia propone abordar la justicia no solo como función jurisdiccional, sino como una auténtica política pública, sujeta a las mismas lógicas de análisis, diseño, decisión, implementación y evaluación que el resto de políticas del Estado. Desde esta perspectiva, se parte de una concepción tridimensional de la justicia: como Ministerio de Estado, como servicio público y como Poder Judicial, dimensiones que coexisten y deben articularse de manera coherente.

El trabajo examina cómo la identificación de problemas públicos en el ámbito de la justicia da lugar a la formulación de alternativas y a procesos de decisión que no pueden entenderse al margen de los actores implicados, incluyendo no solo a las instituciones, sino también a la ciudadanía organizada. En este sentido, se defiende que la participación ciudadana constituye un elemento clave para reforzar la legitimidad democrática de las políticas de justicia, sin menoscabar el principio de independencia judicial, entendido aquí como un derecho de la ciudadanía.

La ponencia se detiene en delimitar los marcos de actuación del poder ejecutivo, legislativo y judicial, analizando sus respectivas responsabilidades en la promoción de políticas de calidad, eficientes y eficaces. Asimismo, se propone una definición operativa de la justicia como política pública, identificando su objeto, finalidad, procesos y principales disfunciones.

Finalmente, se estudia el entramado institucional en el que se desarrolla la justicia, prestando especial atención a la pluralidad de actores, singularmente el papel de la judicatura, y niveles administrativos implicados, así como a los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar coherencia, eficacia y participación en su configuración y desarrollo.