Desde las independencias de los países del Magreb central, las leyes de asociación han constituido uno de los principales instrumentos jurídicos utilizados por el Estado para restringir, bajo el marco de la legalidad institucional, el ejercicio efectivo de las libertades públicas. Estas normativas han operado como mecanismos de control sobre el dinamismo y la autonomía de la sociedad civil, entendida no solo como proveedora de servicios, sino también como espacio de mediación, negociación y conflicto entre las demandas ciudadanas y el aparato estatal.
Esta comunicación analiza, en primer lugar, la instrumentalización histórica de las leyes de asociación por parte de poderes políticos con una marcada tendencia al autoritarismo y al control social. En segundo lugar, examina la evolución de estas normativas tras las revueltas de 2011, identificando tanto las reformas orientadas a ampliar la calidad de las libertades públicas como aquellos elementos que continúan limitando u obstaculizando su ejercicio.
El estudio parte de una doble hipótesis: que estas leyes han servido tradicionalmente a las estrategias políticas de los regímenes establecidos y que, pese a las reformas recientes, aún conservan disposiciones capaces de incidir en la participación ciudadana y en el ejercicio de derechos y libertades.