Desde la restauración democrática de 1983, la República Argentina estableció un lineamiento clásico en el ordenamiento de sus sistemas de defensa y de seguridad interior. Esto implicó la construcción de un concatenado y complejo entramado jurídico que separó taxitivamente ambos dominios, estableciendo y diferenciando con claridad las responsabilidades jurisdiccionales, funcionales y doctrinarias de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales y de seguridad.

Desde aquel momento han sido recurrentes las propuestas desde diferentes sectores políticos y de la sociedad civil para revisar ese posicionamiento estratégico, argumentando, en líneas muy generales, que las denominadas "nuevas amenazas" plantearían un escenario novedoso que difuminaría los límites trazados entres seguridad interior y defensa frente a amenazas externas. Sin embargo, dichos impulsos nunca pudieron prosperar.  Más bien todo lo contrario, ya que la legislación siguió avanzando lentamente en el sentido de consolidar el paradigma que surgió en la transición democrática. Un factor para que esto haya sido así fue sin duda la poca convicción de las diferentes administraciones que pasaron por el Poder Ejecutivo en llevar adelante una reforma estructural en este campo.

La gestión del Presidente Macri, que comenzó en diciembre de 2015, ha mostrado explícitamente su intención de modificar el ordenamiento descrito en los párrafos anteriores. Sin embargo no parece - aún - haber alcanzado los consensos legislativos suficientes como para llevarlo adelante. El presente trabajo se propone clarificar el posicionamiento del actual gobierno frente a estas cuestiones y discutir las características que tendría el nuevo ordenamiento planificado y las chances efectivas de que dichas intenciones se puedan materializar en modificaciones legislativas concretas.