América Latina se ha consolidado como la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente, en un contexto de intensificación de conflictos socioecológicos vinculados al extractivismo. Más que episodios aislados, estas dinámicas revelan un patrón sistemático de criminalización de la protesta que interpela las formas contemporáneas de acción estatal. Este trabajo analiza cómo los Estados, en articulación con élites políticas y económicas, despliegan marcos narrativos orientados a deslegitimar, contener y neutralizar la movilización ambiental.

La hipótesis de partida sostiene que la criminalización opera mediante un reencuadre estratégico que desplaza el conflicto desde el ámbito de los derechos hacia el de la seguridad y el orden público. Se argumenta que este giro discursivo no es un mero epifenómeno, sino un mecanismo funcional que, a través de la producción de categorías como “terrorismo” o “amenaza al desarrollo”, reconfigura la protesta como un problema de seguridad, legitimando la ampliación del repertorio punitivo y el uso discrecional de la fuerza. La eficacia de esta dinámica radica en la construcción de un relato hegemónico que vincula desarrollo y seguridad, operando como un dispositivo de disuasión estructural que erosiona la calidad democrática y refuerza las asimetrías de poder de las élites extractivas.

Metodológicamente, se emplea un enfoque cualitativo y comparado mediante rastreo de procesos en casos seleccionados. A través del análisis de discursos oficiales, legislación, sentencias judiciales y medios de comunicación, el estudio persigue tres objetivos: (i) tipificar mecanismos narrativos de criminalización; (ii) identificar patrones en la relación entre estos discursos y reformas punitivas; y (iii) evaluar sus impactos en términos de desmovilización y clausura del debate público sobre alternativas al modelo extractivo. En conjunto, la ponencia aporta herramientas críticas para comprender cómo las narrativas de seguridad estructuran procesos de cierre democrático en la región.